EL BUZÓN
ALFREDO IBÁÑEZ
En el Estado de México el clima de violencia va en ascenso. El gobernador Eruviel Ávila, así como el gobierno federal tal parece que le apuestan a un estallido social de consecuencias inimaginables.
Semanas atrás Eruviel Ávila intensificó la inconformidad que priva entre los mexiquenses con la llamada Ley Atenco, que permite que la policía proceda letalmente contra quienes se manifiesten públicamente.
Fue tanto el rechazo generado que dio marcha tras. Sin embargo, apenas giró la orden a los diputados locales para que sea promovida como inconstitucional, cuando se conoció que el lunes, su gobierno con el apoyo de la policía estatal procedió al desalojo violento de decenas de familias de la comunidad de San Francisco Xochicuautla en el municipio de Lerma.
El objetivo, según denuncio el senador Alejandro Encinas, es proteger los intereses del Grupo IGA y de la constructora Tella, las cuales construyen la autopista Toluca-Naucalpan.
El abuso de autoridad contra los dueños de los predios e inmuebles, prendió nuevamente los ánimos, pero no sólo de los mexiquenses, sino de gran parte de la población del país, la cual tiene los ojos puestos en la administración del gobernador Eruviel, a quien se le ve más como represor que como candidato a la Presidencia de la República.
Por si algo faltara, ayer el gobierno federal dejó ver sus intenciones de recurrir a la fuerza para someter a los pobladores de San Salvador Atenco, donde se prevé construir en nuevo aeropuerto, y obviamente se oponen pues a entregar su patrimonio.
El Centro de los Derechos Humanos ’Zeferino Ladrillero’ (CDHZL) dio a conocer que desde el mediodía vehículos y personal militar ingresó a San Salvador Atenco escoltando a trabajadores de una empresa privada, que se presume hacen trabajos para construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México.
Los defensores de la tierra del pueblo aledaño, Nexquipayac, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, indicaron que ayer acudieron topógrafos a sus tierras ejidales para realizar labores de demarcación.
El presidente del CDHZL, José Antonio Lara Duque, explicó que los pobladores han obtenido varios recursos legales que obligan al Estado mexicano a proteger y respetar sus tierras y su integridad, en tanto no se resuelvan de forma definitiva.
Entre ellos, se encuentran el proceso 514/2014 seguido ante el juez V de Distrito en el Estado de México, el expediente 14/2015 seguido ante el juez IX de Distrito del Estado de México y el 796/2015 seguido ante el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.
Como puede observarse el gobierno federal y el estatal están empeñados en privilegiar a los grandes empresarios y avasallar a los dueños de la tierra. La represión y el abuso de autoridad tiende a ser la constante, lo cual resulta demasiado peligroso, máxime que la inconformidad e irritación social, por los malos gobierno puede desbordarse.
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