Iguala, lo impermisible

Se confirme o no que los cuerpos encontrados en fosas cerca de Iguala corresponden a los de los normalistas secuestrados por policías de esa ciudad, el hecho da la dimensión del horror en que desde hace años vive la población en vastas regiones del país.
También, de la descomposición de las estructuras del poder político local, ahora en manos de las bandas de criminales, al igual que las fuerzas de seguridad –que así se les llama, no es ironía.
Lo más preocupante es que lo acontecido ni es novedad en sentido estricto, ni es privativo de Iguala o de Guerrero.
Además de las tétricas cifras superiores a los diez mil muertos anuales en el país, producto de la violencia generada por el crimen organizado, la información oficial arroja el dato de más de veinte mil personas “no localizadas” en los últimos años, cuyos casos se concentran en su mayoría en una amplia franja del territorio nacional, desde Baja California hasta Oaxaca, y en Chihuahua y Tamaulipas.
Por desgracia, es de suponerse que la suerte de la inmensa mayoría de estos desaparecidos, sea similar a la de los encontrados en las fosas de Iguala.
La dramática realidad es que la capacidad de la sociedad mexicana para abatir esa ola de violencia y muerte es muy limitada, pues la estrategia de los facinerosos ha sido para ellos muy acertada: copar y cooptar a los encargados de enfrentarlos.
Detrás de la fuerza de las armas de los delincuentes, se encuentra además un caudal de dinero proveniente de sus actividades ilegales: el comercio de drogas inicialmente, pero también la trata de personas, el derecho de piso y otras formas de extorsión, los secuestros, y un largo etcétera.
La descomposición de las instituciones de seguridad ha llegado a grado tal, que para combatir al crimen han debido emplearse el Ejército y la Marina, instancias cuya función original no es ésa, y hacer crecer otras controladas centralmente, como la Policía Federal y ahora la Gendarmería.
Todas ellas han trabajado y se han desgastado en el largo esfuerzo de contener y disminuir el poder y control de los delincuentes.
Pero se enfrentan a múltiples dificultades: el desconocimiento natural del terreno al que son enviados; las complicidades o miedos locales; la imposibilidad e inconveniencia de tener zonas enteras del país tomadas por esas fuerzas.
Tal es el marco en que ocurrió el ataque mortal a los estudiantes de Ayotzinapa, famosos previamente también por sus excesos de violencia y sus fechorías, ajenas por completo a la que debía ser su vocación educadora.
Pero nos hemos retrotraído socialmente a siglos anteriores, cuando el Estado no interviene para hacerles cumplir la Ley, y en cambio un cuerpo policiaco, en realidad brazo de criminales, los asesina sin más.
Los hechos de Iguala se han convertido en simbólicos, porque muestran lo que no podemos permitir que siga ocurriendo en el país, y porque las instancias de justicia y de gobierno, tienen ahora el reto de levantarse de su postración y de cumplir su misión. Pronto sabremos si tienen viabilidad, o si también han muerto y sólo falta enterrarlas.